CONGRESO ESTATAL APRUEBA LEYES PARA EL BIENESTAR DE LOS MICHOACANOS: CARLOS QUINTANA

Raúl PUENTE-MORALES—.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, destacó los beneficios de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, la cual permite que las autoridades indolentes paguen los daños causados a cualquier ciudadan .Ahora, los michoacanos están en condiciones de exigir a sus Ayuntamientos, el resarcimiento de los daños causados por una obra o acción mal hecha y que les haya ocasionado perjuicio en sus bienes.

Así lo señaló el diputado del PAN Carlos Quintana Martínez, quien destacó la voluntad que prevaleció en el Poder Legislativo para otorgarle a los ciudadanos, la certeza jurídica para hacer valer una normativa tan importante como la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán y sus Municipios.

“Tan sólo en nuestra ciudad capital, nos encontramos continuamente a ciudadanos que han visto afectado su patrimonio a causa de obras mal hechas; o la falta de una adecuada pavimentación y bacheo que ha perjudicado sus vehículos, generándoles un gasto por la reparación y por ende, un agravio a sus finanzas”, lamentó el representante popular.

Ante ello, recordó que es obligación de las autoridades realizar su trabajo con honradez, transparencia y efectividad, a fin de procurarles a los ciudadanos, las condiciones de seguridad y bienestar que merecen y para las que pagan sus impuestos.

De ahí, indicó el legislador, la importancia de que ahora Michoacán cuenta con una Ley de Responsabilidad Patrimonial, a partir de la cual ahora los ciudadanos podrán iniciar un Procedimiento de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial a cualquier ente público y ante la Contraloría Interna de la Dependencia responsable del daño, a fin de iniciar el respectivo procedimiento administrativo.

Finalmente, conminó a los ciudadanos a conocer las leyes que proponen sus representantes y que son aprobadas, a fin de que puedan exigirle a las autoridades responsables, que cumplan con lo que las normas establecen y que ejerzan una función pública a la altura de las necesidades de la ciudadanía.

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